Partido Comunista de Andalucía en Cádiz - Resolución de la Conferencia del PCE sobre el inminente juicio al alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, por injurias al Jefe del Estado

Conferencia de Organización y Finanzas del PCE / 21 may 09

El próximo día 2 de junio la Audiencia Nacional juzgará a José Antonio Barroso, Alcalde de Puerto Real (Cádiz) y militante de IU y del PCE, por un delito de injurias al actual Jefe de Estado. En caso de ser condenado, José Antonio Barroso podria ser el primer cargo publico de este pais, elegido democraticamente en las urnas, que resultara inhabilitado para el ejercicio de cargo publico por el mero hecho de haber expresado publicamente sus opiniones sobre el actual Jefe de Estado. De esta forma, se produciría una conculcación del derecho de los ciudadanos de Puerto Real a elegir libre y democraticamente a su alcalde, además de una conculcación del derecho a la libertad de expresion de ideas políticas del compañero Barroso.

Todo ello, resultado de una querella interpuesta por la Fiscalia de la Audiencia Nacional, que entiende que las manifestaciones sobre la condición personal y actividades economicas del actual Jefe de Estado, vertidas publicamente por el Alcalde Barroso, deben llevar aparejada una sancion penal, mientras que esa misma Fiscalia se ha abstenido de actuar, por ejemplo, contra destacados cargos publicos de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) que publicamente pidieron, concretamente, la “muerte al Borbon”, sin que tal afirmacion haya supuesto el inicio de actuacion judicial alguna. Esta diferencia de trato dada por la Fiscalia de la Audiencia Nacional a los militantes y cargos publicos de IU respecto a militantes y cargos publicos de otros partidos politicos, merece todo nuestro rechazo, condena y estupor, por considerar que estamos ante una nueva discriminación, en este caso de Izquierda Unida, frente a otras fuerzas politicas.

Los hechos por los que el compañero Barroso podría ser condenado e inhabilitado como Alcalde se remontan al 14 de abril de 2008, concretamente a las manifestaciones vertidas en un acto celebrado en el Ateneo Republicano de Los Barrios (Cádiz). Al margen de la coincidencia o no con las concretas manifestaciones vertidas por el compañero Barroso, el PCE entiende que cualquier ciudadano tiene derecho a expresar sus opiniones sobre cualquier persona, incluido el Jefe del Estado, siempre que dichas manifestaciones no pretendan ser insultantes. En el presente caso, conviene resaltar que todas las manifestaciones vertidas por el compañero Barroso han sido reproducion de otras manifestaciones previamente realizadas, explicadas, difundidas y acreditadas por varios periodistas e historiadores, que han manifestado las mismas opiniones en publicaciones que han sido legalmente difundidas en toda España desde hace años, sin que en estos casos tampoco haya existido reproche penal alguno por parte de la Fiscalia o los tribunales.

Denunciamos igualmente que la actual legislacion penal española impide que cualquier acusado por un supuesto delito de injurias a la Jefatura del Estado pueda utilizar las minimas armas de defensa procesal que nuestra Constitucion y la legislacion penal preven para los supuestos de delitos de injurias o calumnias respecto a cualquier persona. Este inadmisible privilegio legal reservado al Jefe de Estado y a distintos miembros de su familia, impropio de un estado democratico de Derecho, constituye una clara discriminacion de cualquier ciudadano que pretenda expresar sus opiniones politicas sobre la monarquia española, ademas de provocar la absoluta indefension de quien se atreviera a realizar tales manifestaciones. Lo anterior, ademas de ser politicamente reprochable conculca lo establecido en el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reza:

“Todos son iguales ante la ley y tiene, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienes derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”

Así como el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reza:

“Todas las personas son iguales ante la ley y tiene derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos (…) de cualquier índole (…) nacimiento (…)”

El PCE hace un llamamiento al Gobierno español para que de inmediato de instrucciones para la retirada de la acusacion de la Fiscalia contra el Alcalde Barroso, retirada que significaria sin mas el archivo de la causa evitandose la celebracion de juicio alguno. El PCE hace resposable al Gobierno del Presidente Zapatero de las consecuencias politicas que tendria una hipotetica sentencia condenatoria que privara a los ciudadanos de Puerto Real del Alcalde que democraticamnete han elegido. Igualmente, hacemos un llamamiento a todas las fuerzas politicas que se sientan democraticas, para que de inmediato se proceda a eliminar de nuestra legislacion los injustificables privilegios de que disfruta la monarquia en nuestro pais, maxime cuando estos privilegios discriman claramente al resto de ciudadanos y pueden provocarles la privacion de sus derechos, incluido el derecho a la libertad.

Convocamos a todos los democratas, especialmente a aquellos que se sienten republicanos, a que acudan el próximo dia 2 de junio a las 10 de la mañana a la Audiencia Nacional, para apoyar con su presencia al compañero Alcalde de Puerto de Real, Jose Antonio Barroso.

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